Lejos de reducir el uso de las energías renovables tras el apagón, el Gobierno se prepara para reforzar su papel. El plan de contramedidas al "cero eléctrico" diseñado por la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y su equipo, que cobrará forma de real decreto-ley en el Consejo de Ministros de la próxima semana, incluye un cambio regulatorio para permitir que las plantas de energía renovable puedan ser utilizadas, por primera vez, como centrales de respaldo para controlar la tensión del sistema eléctrico.

Hasta el momento, el papel de colchón energético del sistema eléctrico lo pueden jugar exclusivamente centrales convencionales, es decir, aquellas de ciclo combinado, las nucleares o de carbón. Estas son las tecnologías de las que se sirve Red Eléctrica (REE) para establecer las llamadas restricciones técnicas con las que mantener el equilibrio entre producción y demanda. El pasado 28 de abril, cuando se produjo el apagón eléctrico generalizado en la península Ibérica, REE se sirvió de nueve centrales de respaldo convencionales que el comité de investigación impulsado por el Gobierno asegura ahora que no absorbieron adecuadamente la tensión. Esta es, junto a las posibles deficiencias de previsión del operador del sistema y las oscilaciones atípicas detectadas, una de las causas de la crisis eléctrica, según las pesquisas del comité. Para prevenir nuevos episodios similares, parte del plan de contramedidas del Ejecutivo pasa ahora por modificar la legislación para que también las centrales renovables sirvan de colchón, lo que multiplicaría las instalaciones disponibles de decenas a miles. La medida pasa por una modificación de la regulación que ya venía estudiando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que el Gobierno quiere acelerar ahora, pero no exigiría grandes inversiones porque la tecnología de respaldo es obligatoria en la red instalada de renovables desde 2021.

La Unión Española Fotovoltaica (Unef) incidió ayer en que el sector ya tiene capacidad de controlar la tensión pero que la regulación aún no se lo permite.

La remuneración de centrales de control costó 600 millones de euros a los consumidores en 2024, una cifra que el Gobierno aspira a abaratar ahora incluyendo a las energéticas en el mix de respaldo. Todo un aviso a navegantes para evitar que el sector eleve precios por esta vía.

Más allá, las recomendaciones del comité de investigación del apagón para prevenir nuevas crisis eléctricas, que el Gobierno busca comenzar a poner en marcha con el real decreto-ley de la próxima semana, incluyen reforzar la supervisión del cumplimiento de las obligaciones por todos los agentes del sistema eléctrico; mejorar las capacidades de control de tensión y protección contra oscilaciones; o aumentar su flexibilidad. El Ejecutivo asevera que contribuirá a ello la Planificación de Electricidad 2025-2030, que priorizará el consumo industrial, el aumento de la capacidad de almacenamiento y una revisión de las restricciones técnicas. Además, el Gobierno busca mejorar las interconexiones con los países vecinos y reforzar la ciberseguridad.